Barrera impulsa ley para frenar abusos en impuesto predial
Nueva propuesta legislativa busca limitar cobros excesivos en actualización catastral
El Senador y Vicepresidente del Senado, Josué Alirio Barrera Rodríguez, presentó un ambicioso proyecto de ley que busca poner fin a los excesos en el cobro del impuesto predial que afectan a miles de colombianos tras las actualizaciones catastrales.
La iniciativa surge como respuesta a numerosas quejas ciudadanas por incrementos desproporcionados en este gravamen, incluyendo casos donde el avalúo catastral ha superado el valor comercial de las propiedades, generando una carga económica insostenible para muchos propietarios.
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Entre los puntos clave de la propuesta destaca el establecimiento de un límite máximo del 12% para el valor catastral, buscando así una tributación más justa y equilibrada. Además, contempla un importante beneficio para los contribuyentes que hayan iniciado procesos de revisión de su avalúo, quienes podrán aplazar el pago del impuesto predial hasta obtener una resolución definitiva.
El proyecto también introduce consideraciones especiales para municipios ubicados en zonas PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), donde el Gobierno Nacional deberá establecer valores diferenciales, reconociendo así las particularidades socioeconómicas de estos territorios.
Para aquellos municipios que no han actualizado su catastro en la última década, Barrera propone un esquema de incremento gradual durante cinco años, con aumentos anuales máximos del 20%, evitando así los traumáticos ajustes abruptos que han generado tanto malestar entre los contribuyentes.
Como medida transitoria, el proyecto establece que mientras se implementan las nuevas disposiciones, se mantendrá vigente el último avalúo catastral registrado antes del 31 de diciembre de 2023, brindando así un respiro inmediato a los propietarios afectados por las recientes actualizaciones.
Con esta iniciativa, el Senador Barrera busca equilibrar la necesidad de los municipios de actualizar sus bases catastrales con la protección de los derechos de los contribuyentes, especialmente en momentos de presión económica para muchas familias colombianas.
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