En un giro inesperado que sacude la administración municipal de Yopal, el Tribunal Administrativo de Casanare ha dictaminado la nulidad del Acuerdo Municipal que dio vida al controvertido consorcio Setty. Esta decisión marca el fin de una era en la gestión de servicios de tránsito en la capital casanareña y representa una victoria significativa para los ciudadanos que lucharon contra lo que consideraban un sistema injusto y perjudicial para la comunidad.
El fallo, que llega después de 11 años de batalla legal, invalida la concesión que otorgaba a Setty el control sobre servicios cruciales como el RUNT, parqueaderos, grúas, fotomultas y cobro coactivo de la Secretaría de Tránsito. Leonardo Puentes, uno de los principales impulsores de la demanda, expresó su satisfacción: «Finalmente, la justicia ha prevalecido. Esta decisión pone fin a años de abusos y pérdidas millonarias para el municipio».
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Según estimaciones de los demandantes, la operación de Setty habría causado pérdidas al municipio por alrededor de 40 mil millones de pesos. El abogado Lennin Bustos, quien participó en el proceso, destacó: «Este fallo es un golpe contundente contra la corrupción. Ahora, el desafío es asegurar que los ciudadanos recuperen sus vehículos retenidos y que se implementen medidas para prevenir situaciones similares en el futuro».
La sentencia ordena el cese inmediato de las operaciones de Setty, incluyendo la prohibición de trasladar vehículos al parqueadero administrado por el consorcio. Además, se establece que todos los vehículos actualmente retenidos deben ser devueltos a sus propietarios. Los afectados podrán iniciar sus reclamaciones ante la Secretaría de Movilidad de Yopal para recuperar sus bienes.
Esta decisión judicial no solo pone fin a una era controversial en la administración de servicios de tránsito en Yopal, sino que también plantea desafíos importantes para la actual administración municipal. El alcalde Marco Tulio Ruiz y su equipo deberán asumir la gestión directa de estos servicios, garantizando transparencia y eficiencia.
La anulación del contrato de Setty se remonta a decisiones tomadas durante la administración de Wilman Celemín, quien había impulsado varias concesiones polémicas, incluyendo intentos de privatizar el Terminal de Transportes, el Alumbrado Público y hasta el parque Cementerio.
La atención se centra en cómo la alcaldía ejecutará el mandato del Tribunal, y más importante aún, en cómo reconstruirá la credibilidad institucional entre los ciudadanos. .
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