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Supersalud abrió investigación a Secretaria de Salud de Casanare

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La Superintendencia Nacional de Salud elaboró un informe sobre el reporte dado por los laboratorios autorizados para el procesamiento de pruebas RT-PCR diagnósticas de COVID-19, con el objetivo de identificar sus capacidades y tiempos de respuesta en la actual pandemia.

Con base en la información reportada con corte al pasado 30 de junio por 55 laboratorios de los 65 requeridos por la Supersalud y que están adscritos a la Red Nacional de Laboratorios, se encontró que estos tienen una capacidad de procesamiento de 19.592 muestras diarias, pero en promedio utilizan un 75% de esa capacidad, es decir 14.625 muestras diarias.

La Supersalud verifica uno a uno los reportes que le llegan cada 15 días de los laboratorios autorizados y los compara con la información que le reportan al Instituto Nacional de Salud, para poder detectar las malas prácticas y las inconsistencias en este procesamiento de muestras que retrasan la entrega de resultados a los usuarios y así poder actuar de manera inmediata.

Según lo reportado a la Supersalud, 30.470 muestras se encuentran pendientes de procesar y de ese volumen el 82% se concentra en los laboratorios de Compensar calle 63 (10.267), Idime (3.509), Clínica Colsanitas (2.674), Compensar calle 26 (1.816), Universidad del Rosario (1.703), Citisalud (1.284) y Colcán (1.067) de la ciudad de Bogotá; así como en el de SURA de Medellín (2.619).

Esta situación afecta la oportunidad en la entrega de resultados por parte de las EPS, principalmente a Compensar (4.699), Famisanar (4.451), Sanitas (2.469), Sura (2.619), Nueva EPS (976), Mutual Ser (618) y Coosalud (557).

En los resultados del informe se observa que la mayor capacidad de procesamiento de pruebas se concentra en Bogotá, con 55%, seguida por los departamentos de Antioquia, con 22%; Atlántico, con 5%; y Valle del Cauca, con 4.58%.

Respecto al tiempo de entrega de resultados, el promedio está en 3 días, pero se evidenciaron tiempos extremos hasta de 72 días.

Así mismo, el 16% de los laboratorios requeridos por la Supersalud no efectuaron el reporte de información, mientras que el 14% reportaron información inconsistente en lo relacionado con número de muestras contratadas, procesadas y pendientes de procesar respecto de su capacidad.

Se encontró que un 0.73% de las muestras recibidas no fueron procesadas por incumplimiento de los protocolos de toma, embalaje, rotulado y remisión de ficha epidemiológica, y algunos laboratorios evidenciaron bajo nivel de registro de resultados en el aplicativo Sismuestras del Instituto Nacional de Salud.

Otra conclusión es que el 21% de los laboratorios adscritos no contaban con disponibilidad de insumos para realizar el procesamiento de pruebas COVID-19 en los siguientes 15 días. Algunos de estos son los de la Universidad del Magdalena, la Universidad del Atlántico, Hemato Oncólogos S.A, laboratorio IMAT- Instituto Médico de alta tecnología.

Con base en este informe, la Supersalud requerirá a los laboratorios adscritos para que cumplan con su obligación de efectuar el 100% del registro de resultados de pruebas procesadas en Sismuestras, garanticen la oportunidad en su procesamiento e informen las IPS que enviaron muestras que no pudieron ser procesadas por incumplimiento de los protocolos.

“​​Sabemos que son muchos los laboratorios que lo están haciendo bien, que han aumentado su capacidad instalada; pero hay otros laboratorios que no están cumpliendo con la calidad y la entrega de los resultados. La Supersalud no va a bajar la guardia, seguiremos inspeccionando para que le cumplan a los colombianos”, señaló el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal.

Investigación a dos secretarios de salud

De otra parte, la Supersalud ordenó la apertura de procesos sancionatorios contra los secretarios de salud de Casanare, Yenni Fernanda Díaz; y de Putumayo, Jorge Alberto Molina, por presuntos incumplimientos relacionados con la financiación y prestación de los servicios de laboratorio de salud departamental para el procesamiento de muestras para el diagnóstico de COVID-19.

De comprobarse la responsabilidad administrativa de los investigados, podrían imponerse sanciones a título personal que oscilan entre 90 y 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

La investigación está a cargo de la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

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Redacción QUÉ PASA

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