Capresoca EPS: Supersalud prorrogaría la intervención

La liquidación no es la salida prevista para la EPS del departamento. La secretaria de Salud de Casanare, Tatiana Chávez, explicó que la Superintendencia Nacional de Salud le habría comunicado al gobernador César Ortiz Zorro que la medida posible al vencerse el plazo, el próximo 7 de octubre, es prorrogar la intervención forzosa de Capresoca EPS.

Según la funcionaria, el gobernador se reunió la semana pasada con la superintendente María Andrea Godoy, junto con representantes del departamento. Allí planteó dos peticiones: que se garantice la continuidad de la única EPS de origen departamental y que se adopten medidas que le den oxígeno financiero.

La entidad tiene afiliados a 164.000 casanareños, cerca del 33 % de la población del departamento. Chávez insistió en que no se debe generar una falsa alarma. Según dijo, la primera solicitud del mandatario fue no imponer más barreras a los usuarios con un proceso de liquidación.

Un déficit mensual superior a 10.000 millones

La secretaria detalló la situación financiera de Capresoca EPS. Cada mes llegan a la entidad unos 23.000 millones de pesos, pero se radican facturas por 36.000 millones. Eso deja un faltante mensual de entre 10.000 y 11.000 millones de pesos. La deuda acumulada ya alcanza los 340.000 millones.

Por esa razón, indicó, aún no es posible calcular cuánto dinero se necesita para culminar la vigencia. Solo un plan articulado entre el Gobierno nacional y la Gobernación permitiría definir esa cifra.

Entre las medidas solicitadas están estabilizar el giro directo a las entidades públicas y garantizar durante tres meses un flujo de efectivo fijo para la red pública, que ha visto disminuir sus ingresos. La funcionaria explicó que la Adres administra hoy esos recursos y que de allí depende su llegada a hospitales y clínicas privadas.

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La posibilidad de liquidar la entidad lleva varios años sobre la mesa. Sin embargo, la secretaria la descartó por ahora. En una liquidación, los afiliados pasarían a otra EPS con presencia en el departamento. Según explicó, Nueva EPS no tiene capacidad para absorber 164.000 usuarios y Sanitas no está recibiendo pacientes del régimen subsidiado. Para Casanare, aseguró, esa alternativa es prácticamente nula.

Chávez advirtió que la red de servicios ya enfrenta barreras de acceso a medicamentos, autorizaciones de procedimientos, remisiones y transporte de pacientes especiales. Además, un prestador alertó hace tres semanas sobre una posible interrupción de servicios porque su contrato terminó sin respaldo presupuestal. Por eso se pidió a la agente interventora un plan de choque, que debe construirse con el Gobierno nacional y el departamento. La interventora manifestó que no cuenta con recursos adicionales.

Levantar la medida, una opción lejana

Para levantar la intervención, la Supersalud evalúa indicadores, varios de ellos financieros. La secretaria afirmó que la entidad lleva años incumpliendo esos indicadores, por lo que esa posibilidad está muy lejos. Añadió que, con las últimas intervenciones, los resultados han sido peores y los indicadores financieros y de calidad siguen deteriorándose. También recordó que durante meses se han hecho públicas denuncias de irregularidades y corrupción, puestas en conocimiento de los entes de control.

Sobre el tiempo de una eventual prórroga, explicó que las anteriores se han fijado por un término igual al previo, es decir, un año. Aclaró que no puede asegurarlo.