“Vale la pena luchar por esta paz para que no haya más derramamiento de sangre”, dice familiar de víctima de ejecuciones extrajudiciales
El primer contacto directo de Myriam Álvarez con la violencia se remonta a la década de los 80. Para esa época, integrantes de las guerrillas eran amos y señores en su natal Monterrey, en el departamento de Casanare.
“La triste historia de mi familia inició en 1986 cuando las FARC y el ELN llegaron a la finca” de sus padres en la vereda Guayabal de Monterrey, explicó recientemente Myriam Álvarez al Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Apenas llegaron a la finca Monserrate –agregó Myriam Álvarez–, los rebeldes le pusieron el ojo para reclutarlo al mayor de los Álvarez Guerrero.
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“Entonces mis papás nos trajeron para el pueblo. Nos tocó abandonar la finca. Mejor dicho, eso fue un desplazamiento“, recordó Myriam Álvarez, de 53 años y quien fue la tercera de siete hijos.
Pero si bien el mayor de los Álvarez se salvó de ser reclutado por las guerrillas, no corrió la misma suerte con las Autodefensas Campesinas de Casanare. En efecto, el muchacho –siendo aún menor de edad– terminó sin su consentimiento en los escuadrones de extrema derecha.
“Monterrey, Casanare, era la cuna de los paramilitares“, aseguró Myriam Álvarez, quien es madre de tres hijos: dos hombres y una mujer.
Una pesadilla sin fin
Años después, los problemas regresaron para la familia Álvarez. Corría septiembre de 2004 y, según el relato de Myriam Álvarez, otro de sus hermanos –menor que ella– fue desaparecido junto a otro hombre por efectivos del Ejército.
“Mi hermano se llamaba como mi papá, Misael Álvarez. Era moreno como mi papá. Tenía unos 30 años. Mis hermanos lo buscaron y mi mamá también. Lo buscaron durante ocho días“, relató Myriam Álvarez, con la voz entrecortada.
Al final, una semana después de su desaparición, el cadáver de Misael Álvarez fue encontrado en Tunja, la capital de Boyacá.
Las autoridades les entregaron a los Álvarez muy poca información del porqué del asesinato de Misael. Les dieron a entender, con comentarios y respuestas laterales, que había sido muerto en una redada contra la delincuencia.
Sin embargo, para los Álvarez Guerrero quedaba aún la prueba más difícil de todas: el asesinato de su padre, el 25 mayo de 2005, también por parte del Ejército.
Así evocó Myriam Álvarez ese aciago día:
“A mi padre lo asesinaron. Lo bajaron de la finca. Llegó el Ejército, del Batallón Ramón Nonato Pérez de Tauramena, Casanare, y dieron de baja a mi padre (y a otras cuatro personas que estaban con él). Eso contó la única testigo (de la masacre).
“(Los militares) dijeron que (las víctimas) eran unos guerrilleros que habían muerto en combate. La testigo nos contó que los torturaron, que los llevaron de la casa hacia arriba.
“Al amanecer los sacaron de la finca y antes de salir a la punta de la cordillera los asesinaron. En la finca los habían hecho uniformar. Los habían obligado a revolcarse en un pantano. Dieron plomo. Hicieron ver como si hubiera habido un combate. Les colocaron (a los cadáveres) un poco de armas viejas.
“A la única sobreviviente, a la única testigo, no la mataron porque ella era gordita y pensaron que estaba embarazada.
“Seguramente ella pensó que a su marido no le iban a hacer nada. Pero cuando llegaron a Tauramena, y se dio cuando de que lo habían matado, ella hizo escándalo. Dicen que se volvió como loca.
“Allá, en el batallón, había un muchacho prestando el servicio militar. Él era amigo de mi sobrino Yúber Armando Contreras, y se fue a mirar quiénes eran los guerrilleros muertos. Y vio a Yúber y a mi papá. Él sabía que no eran delincuentes. Entonces el muchacho llamó y dijo: ‘Avísenle a la familia’ que pasó esto y esto. A ese muchacho después casi lo matan.
“Como pudimos, cogimos los cadáveres y los trajimos para Monterrey. En Tauramena ya tenían listas las fosas para enterrarlos como NN”.
En un comunicado de prensa del 7 de marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación reportó la condena a 60 años de prisión contra 15 militares que participaron en los hechos que terminaron con el asesinato de Misael Álvarez Guerrero, de dos de sus familiares –identificados como Yúber Armando Contreras y Berney Guerrero Bohórquez– y de los empleados de la finca Hilda Blanca Cruz Montejo y Nelson Enrique Arias.
La persecución continúa
Apenas les dieron sepultura a sus familiares, los Álvarez salieron corriendo de Monterrey.
“A los ocho días de haber enterrado a mi papá, el Gaula del Ejército hizo un allanamiento en mi casa” de Monterrey, contó Myriam Álvarez. Seguramente los uniformados buscaban inexistentes secuestrados.
En dicho allanamiento, un militar le advirtió a la mujer en voz baja: “Tenga cuidado con sus hijos“. Ella entendió el mensaje y por eso se desplazó primero con los suyos a Cumaral, Meta, y luego a Villavicencio.
A partir de ese momento, Myriam Álvarez se dedicó a buscar justicia para su familia. Adicionalmente, se unió a mesas de víctimas para tratar de colaborar con otras personas que, como ella, padecieron también los horrores de la guerra. Eso sí: pese a su condición de víctima, jamás niega que su hermano mayor fue un reconocido paramilitar de Casanare y que por eso aún está en prisión.
En una de sus tantas actividades, Myriam Álvarez se enteró de la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, junto a su hermana, hizo que la historia de su familia quedara reseñada en uno de los informes que fueron entregados a la JEP.
“En la JEP me han tratado bien, pero hay muchas cosas que faltan“, anotó. “Por ejemplo, que los que ya se acogieron a la JEP cuenten la verdad, que cuenten la verdad sobre los comandantes de alto rango (que participaron en la comisión de delitos) y de las personas civiles que aportaron plata para asesinar a mi papá“.
–Finalmente, doña Myriam, ¿qué opina del proceso de paz que sellaron hace poco más de seis años el gobierno nacional y las otrora FARC?
–Que ojalá haya la paz, que sea verdadera. Vale la pena luchar por esa paz para que no haya más derramamiento de sangre. (Conseguir la paz) es difícil, pero se puede lograr.
- P.D. La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.
