Asamblea de Casanare: Mancipe acusa al Centro Democrático de claudicar ante el gobierno

La Asamblea Departamental de Casanare vivió el 6 de abril de 2026 una jornada tensa. Lo que comenzó con la radicación de un proyecto de ordenanza para modificar el reglamento interno terminó en una confrontación directa entre el diputado Juan Fernando Mancipe Pérez, del partido Nuevo Liberalismo, y el bloque del Centro Democrático, al que acusó de haberse alineado con el gobierno departamental del gobernador César Ortiz.

La «maniobra» que desató el choque

Quince minutos antes de iniciar la sesión, los diputados recibieron por correo electrónico la modificación al proyecto de ordenanza sobre el reglamento interno. Acto seguido, el diputado Germán Alberto Pinzón Jiménez, del Centro Democrático, presentó una proposición para que el proyecto fuera debatido en comisión conjunta, saltándose el trámite ordinario que obliga a pasar primero por la comisión de turno y luego a plenaria.

Según Mancipe, segundo vicepresidente de la Asamblea y presidente de la comisión de ética, denunció que la «maniobra» tenía un propósito político claro: despojarlo de la presidencia de esa comisión antes de que llegara el debate sobre el posible endeudamiento departamental. «Pretenden que yo no presida dicha comisión para hacerle el cajón al gobierno departamental», afirmó ante la plenaria.

La proposición de Pinzón Jiménez fue aprobada con 8 votos a favor y 2 en contra, en ausencia de un diputado del partido Verde. Mancipe advirtió que con su presencia el resultado habría sido 9 a 2, y exigió que esa votación quedara en acta como prueba de la nueva alianza.

«Ya empezaron a votar en equipo», sentenció. Recordó que el Centro Democrático lleva tres años declarado en oposición al gobierno de César Ortiz sin haber realizado, a su juicio, un solo control político efectivo. «Que no vengan en año electoral a decir que fueron oposición al gobernador», advirtió.

Marisela Duarte responde y anuncia voto negativo al endeudamiento

La diputada Marisela Duarte, también del Centro Democrático, tomó la palabra para rechazar las acusaciones. Sostuvo que votar una proposición no implica vender una posición política. «El hecho de que seamos partido oposición no significa que estemos trabajando con el gobernador, sino solamente para el beneficio del pueblo de Casanare», afirmó.

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Duarte anunció además su voto negativo al endeudamiento departamental que el gobernador ha anticipado públicamente. Argumentó que Casanare cuenta con recursos suficientes: tres licencias aprobadas que representan aproximadamente 2 billones 600 mil millones de pesos. «Recursos hay, pero no queramos vender acá otro mensaje», dijo. De paso, recordó que Mancipe había declarado en medios de comunicación que daría su voto positivo si el endeudamiento era necesario.

El contralor, una elección que sigue pendiente

Mancipe usó también la sesión para exigir información sobre el proceso de elección del contralor departamental de Casanare, cargo que permanece sin proveer. Citó el artículo 8, numeral 9 del reglamento interno, y los artículos 59, 60 y 61 que regulan el proceso, y recordó que en 2025, durante su presidencia de la corporación, se firmó un convenio con la Universidad Distrital para adelantar la elección tras una batalla jurídica que calificó como inédita en el departamento.

Solicitó a la secretaria de la Asamblea un informe detallado sobre las actuaciones y avances del proceso, sin que al cierre de la sesión se ofreciera respuesta concreta.

El debate sobre el endeudamiento departamental será la próxima gran confrontación en la Asamblea Departamental de Casanare. Mancipe anticipó su voto negativo y alertó que el ejecutivo busca «endeudar el departamento a sus anchas». Duarte, por su parte, mantuvo una postura selectiva: respaldará al gobierno cuando las obras estén bien ejecutadas, pero fiscalizará cuando no lo estén.

La gestión del gobernador César Ortiz Zorro también registra movimientos en el plano institucional. Fue elegido presidente del OCAD Llanos, organismo que decide la destinación del 40% de los recursos de regalías en los departamentos de los Llanos Orientales, con el respaldo de gobernadores, alcaldes y delegados del Gobierno nacional.