Relleno sanitario de Yopal enfrenta colapso inminente en octubre de 2026
Sindicato de trabajadores denuncia trabas de Corporinoquia y riesgo de emergencia sanitaria regional
El relleno sanitario de Cascajar, que atiende a 15 municipios de Casanare y Boyacá, tiene sus días contados. Según advirtió Fredy Isaza, presidente del sindicato de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), la vida útil del sitio se agotará en octubre de 2026, lo que desencadenaría una emergencia sanitaria sin precedentes en la región.
Gobernación y alcaldía prometen recursos, pero persisten los obstáculos
Durante una reunión reciente en la Gobernación de Casanare, participaron representantes del gobierno departamental, alcaldes de la región, directivos de Acuatos, la EAAAY y Corporinoquia. El encuentro buscó alternativas para evitar la crisis, con la presentación de un proyecto para construir dos trincheras adicionales que extenderían la operación del relleno.
Tanto el alcalde de Yopal como el gobernador manifestaron su voluntad de invertir los recursos necesarios para materializar este proyecto. Sin embargo, Isaza señaló que el principal obstáculo proviene de la Corporación Autónoma Regional, Corporinoquia, que debe aprobar la licencia ambiental.
Acusaciones de favoritismo hacia el sector privado
El líder sindical denunció que el subdirector de Corporinoquia presente en la reunión mostró una actitud que «pareciera poner trabas a la aprobación de la licencia» y favorece la construcción de un relleno privado ubicado en la misma vereda.
«Hay un relleno sanitario privado que ya tiene licencia ambiental en la zona. El costo por tonelada que cobra ese tipo de operador es de 200 mil pesos, mientras que el público cobra 53 mil pesos. Si entregamos esto a privados, la tarifa podría aumentar tres o cuatro veces», explicó Isaza.
El dirigente cuestionó por qué, teniendo la Gobernación y la Alcaldía recursos disponibles para invertir en infraestructura pública, se permitiría que empresas privadas acaparen el negocio encareciendo el servicio para los ciudadanos.
Información contradictoria sobre contaminación
Corporinoquia ha señalado que el relleno Cascajar contamina fuentes hídricas, argumento que Isaza rechazó categóricamente. Presentó evidencia fotográfica aérea que, según él, demuestra que ninguna fuente hídrica atraviesa el terreno del relleno actual.
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«El caño El Turrón, que es lo más cercano, no pasa por el relleno sanitario. Hay unos canales de drenaje para época de lluvias, pero no desembocan en ninguna fuente hídrica», aclaró el sindicalista.
En contraste, Isaza señaló que el relleno privado autorizado por Corporinoquia está ubicado más cerca de cuerpos de agua que el actual Cascajar. Además, cuestionó que mientras al relleno público le autorizaron trincheras de 8 metros de profundidad, al privado le aprobaron 18 metros, lo que aumentaría el riesgo de afectar acuíferos subterráneos.
La sombra del «contrato de los caramelos»
El presidente del sindicato recordó que la crisis actual tiene antecedentes en la administración del exalcalde Luis Eduardo Castro, cuando se intentó privatizar el servicio de aseo y el relleno sanitario a través de un contrato irregular conocido como «el contrato de los caramelos».
«Iban a entregar a PTAR por 30 años y el relleno por 25 años a un privado, con empresas de papel sin experiencia ni capital. Ese contrato se cayó y ahí se perdió la oportunidad de una solución», recordó Isaza.
15 municipios en riesgo de colapso
La magnitud de la crisis potencial es significativa. Además de Yopal, otros 11 municipios de Casanare y 3 de Boyacá dependen del relleno Cascajar para la disposición de residuos sólidos. Muchos de estos municipios pequeños cuentan apenas con un camión compactador, por lo que un solo día sin poder descargar desechos generaría una emergencia sanitaria inmediata.
«Cuando en Bogotá hubo la crisis de tres días en el gobierno de Gustavo Petro, vimos cómo se volvió la ciudad. Imagínense eso multiplicado en 15 municipios«, comparó el líder sindical.
PTAR La Niata: otra crisis en el horizonte
Isaza también llamó la atención sobre la situación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Niata, construida en 1994 con una vida útil de 30 años que ya se cumplió en 2024.
La planta opera actualmente a capacidad reducida de 400 litros por segundo y requiere la construcción de al menos dos filtros percoladores nuevos. El dirigente sindical criticó que Corporinoquia se limite a sancionar y cobrar multas, sin reinvertir esos recursos en mejoramiento de infraestructura, como supuestamente está obligada a hacer.
Llamado a la unidad institucional
Fredy Isaza hizo un llamado a todas las instituciones involucradas para trabajar de manera articulada en la solución de la crisis. Pidió a la directora de Corporinoquia pronunciarse sobre la posición oficial de la entidad y mostrar transparencia en el manejo de las tasas retributivas y sanciones ambientales.
«No estamos pidiendo que no se cumplan las normas. Pedimos que se analice con información real, que se trabaje con las mismas garantías para todos, sin favorecer intereses privados sobre el bien común de 15 municipios», concluyó.
El sindicato advirtió que, de no aprobarse rápidamente la licencia para las nuevas trincheras, no habrá tiempo material para construirlas antes del colapso proyectado para octubre, lo que entregaría la solución en bandeja de plata a operadores privados que encarecerían significativamente el servicio.
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