Perenco en la mira: JEP cita a exfuncionario por vínculos con paramilitares en Casanare
Exgerente de Perenco y exgobernador de Caquetá rendirán versión en febrero por presunto apoyo a grupos armados ilegales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a dos civiles para declarar sobre su presunta participación en la consolidación paramilitar en el suroriente colombiano. Luis Felipe Castillo Santos, quien fungió como gerente de relaciones públicas de Perenco, deberá comparecer el 26 de febrero, mientras que Álvaro Pacheco Álvarez, exmandatario del Caquetá, lo hará el 24 del mismo mes.
Las citaciones se enmarcan en el Subcaso Ariari, Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas, parte del Caso 08 que escudriña los crímenes perpetrados mediante la colaboración entre efectivos estatales, estructuras paramilitares y actores civiles durante el conflicto armado.
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Aunque ambos ciudadanos presentaron anteriormente información ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas durante su proceso de sometimiento, ahora la Sala de Reconocimiento de Verdad los requiere específicamente como terceros civiles.
Señalamientos contra el exfuncionario de Perenco
Castillo Santos afronta señalamientos por concierto para delinquir agravado. Las investigaciones lo vinculan con el presunto financiamiento y promoción del Bloque Centauros durante su fase expansiva desde Casanare hacia el Guaviare, operación que se habría desarrollado entre 1997 y 2005.
En cuanto a Pacheco Álvarez, la justicia ordinaria ya lo sentenció por concierto para delinquir agravado al comprobarse su responsabilidad en la promoción de grupos paramilitares que actuaron en Caquetá desde 1997 hasta 2006.
Alcance del Caso 08
Esta investigación de la JEP examina cómo agentes del Estado, paramilitares y civiles coordinaron acciones en múltiples territorios nacionales. El objetivo es identificar patrones delictivos sistemáticos y establecer responsabilidades tanto individuales como colectivas.
Con estas diligencias, el tribunal transicional pretende reconstruir los hechos y cuantificar el nivel de involucramiento de empresarios y políticos en la expansión paramilitar en el sur y oriente del país. Las declaraciones programadas para finales de febrero resultarán determinantes para la situación jurídica de los convocados ante este sistema especial de justicia.






