La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Whitman Herney Porras, exgobernador de Casanare. La pena quedó en 6 años y 5 meses de prisión. Esto representa una reducción de 3 años frente a la sentencia original.
El alto tribunal rechazó la petición del exmandatario. Porras buscaba mayor reducción alegando falta de antecedentes penales. La Sala consideró suficiente la rebaja ya otorgada por su allanamiento a los cargos.
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El caso involucra dos contratos por más de 36.000 millones de pesos. Estos contratos, destinados a bibliotecas y aulas informáticas, fueron entregados directamente a la Universidad de Pamplona. Porras evitó así el proceso de licitación pública exigido por ley.
«El comportamiento de Whitman Herney Porras ocasionó una grave afrenta al bien jurídico», señala el documento judicial. El exgobernador pactó «de manera engañosa y fraudulenta» con el representante de la universidad.
La Corte Suprema enfatizó que Porras sabía que violaba la Ley de Contratación Estatal. El exmandatario eludió intencionalmente el proceso licitatorio requerido. Su único propósito fue asignar estos contratos al centro educativo, infringiendo claramente la normativa.
Esta decisión cierra un proceso importante para la transparencia pública. Establece un precedente en la lucha contra la corrupción en la contratación estatal a nivel departamental.
Las autoridades judiciales demostraron su compromiso con la vigilancia de los recursos públicos. Sancionaron prácticas que evaden los mecanismos de control establecidos para garantizar la correcta administración de fondos estatales.
Esta sentencia reafirma que los funcionarios públicos deben respetar estrictamente los procedimientos de contratación. No hacerlo conlleva serias consecuencias penales, independientemente del cargo o posición que ocupen.
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