Un grave episodio de ataque petrolero sacudió el departamento del Meta este 12 de mayo, cuando manifestantes ingresaron ilegalmente al clúster 242 del campo Quifa, provocando un incendio que puso en peligro a trabajadores, comunidades locales y la infraestructura energética nacional.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) emitió un comunicado condenando enfáticamente estos actos criminales que, según la organización, «vulneran el orden público, ponen en riesgo la vida de las personas y afectan gravemente el desarrollo regional».
El incidente ocurrió en la vereda Puerto Triunfo de Puerto Gaitán, donde desde el pasado 6 de mayo se han registrado acciones ilegales como bloqueos viales, enfrentamientos con la Fuerza Pública y afectaciones directas a las operaciones petrolíferas.
«Estos hechos deben diferenciarse con claridad del ejercicio legítimo de protesta social», enfatizó la ACP, subrayando que la expresión ciudadana pacífica debe canalizarse a través del diálogo institucional y no mediante actos violentos.
La crisis se extiende más allá del Meta. En departamentos como Sucre y Arauca se han reportado situaciones similares, evidenciando un deterioro general de la seguridad en zonas petroleras del país, lo que ha encendido alarmas sobre la protección de la infraestructura crítica nacional.
El ataque petrolero representa un desafío no solo para las empresas del sector, sino también para las comunidades locales que dependen del empleo y la inversión social generada por estas operaciones. Según el gremio, los actos vandálicos tienen «consecuencias negativas para la cotidianidad de las comunidades, el empleo local y el bienestar colectivo».
Ante esta situación, la ACP hizo un llamado urgente a las autoridades para que actúen «con celeridad y determinación» para restablecer el orden público, garantizar la protección de los derechos humanos y salvaguardar la infraestructura energética del país.
El gremio petrolero concluyó su comunicado enfatizando que «el desarrollo sostenible de las regiones requiere entornos seguros, institucionalidad fortalecida y una cooperación entre el Estado, las comunidades y el sector empresarial», reiterando la importancia del diálogo como única vía legítima para resolver los conflictos.
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