Contraloría advierte que solo una de las 34 universidades públicas del país es financieramente autosostenible.

Un análisis técnico desarrollado por la Contraloría General reveló una crisis de desfinanciación en el sistema de educación superior público colombiano. Esta situación amenaza la estabilidad de la mayoría de sus instituciones. En particular, el informe examina 34 universidades del país durante el período 2019-2024.

De hecho, la investigación identifica problemas críticos en la distribución de recursos estatales. Por ejemplo, cuatro instituciones acaparan la mayor parte del presupuesto. La Universidad Nacional de Colombia, UNAD, Universidad de Antioquia y Universidad del Valle concentran 48% de los recursos nacionales. Además, obtienen el 37% de los territoriales. Esto genera así disparidades regionales preocupantes.

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Las cifras muestran diferencias abismales entre instituciones. Mientras la Nacional recibe $11,4 millones por estudiante, la UNAD obtiene apenas $525.777. El promedio nacional se ubica en $4,5 millones. Por consiguiente, esta inequidad contradice principios básicos del gasto público equitativo.

El documento destaca que la sostenibilidad financiera universidades públicas enfrenta una amenaza estructural. El pasivo pensional alcanza $10,3 billones en 2024. En este sentido, la Universidad Nacional concentra $4,5 billones. La Universidad del Valle registra $1,4 billones. Juntas representan el 57,8% del total. Como resultado, estos compromisos desvían recursos destinados a docencia e infraestructura.

Respecto a indicadores operativos, el panorama presenta luces y sombras. Por un lado, 25 instituciones (75,8%) mantienen solvencia adecuada con ratios superiores a 3. Sin embargo, ocho universidades presentan capacidad limitada para cubrir obligaciones. Asimismo, el 24,2% mantiene endeudamiento prudente bajo 10%.

Igualmente, la consulta realizada a 31 universidades confirma problemas recurrentes. Entre ellos destacan la insuficiencia de aportes estatales y el incremento en gastos de personal. También se evidencian la presión pensional y las dificultades para generar ingresos propios. En consecuencia, las instituciones coinciden en actualizar la Ley 30 de 1992. Además, proponen diversificar la financiación.

En cuanto al Proyecto de Ley 212 de 2024, pendiente de sanción presidencial, existen diferencias en las estimaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Educación calcula $22,1 billones para el período 2027-2040. Por su parte, la Contraloría proyecta $27,8 billones entre 2027-2036. Esta cifra incluye costos completos de instituciones técnicas.

Aunque el órgano de control reconoce avances hacia la gratuidad, enfatiza la necesidad de garantías. La inversión busca ser comparable con países OCDE (1% del PIB versus 0,5% actual colombiano). No obstante, cualquier incremento requiere fuentes verificables y sostenibles.

Finalmente, el estudio concluye que persisten brechas significativas. Se observan desbalances en la capacidad de generación propia de recursos. También hay niveles críticos de endeudamiento en varias instituciones. Por lo tanto, la Contraloría plantea la necesidad de revisar el modelo vigente. Se requieren mecanismos que promuevan equidad institucional.

Entre las recomendaciones se incluyen diversificar fuentes de ingreso. También se propone ajustar recursos conforme a costos reales. Además, se debe proteger presupuestos misionales mediante reforma efectiva de mecanismos de concurrencia financiera.

El organismo de control advierte que el Estado colombiano debe definir su ruta. Las opciones son claras: avanzar hacia gratuidad universal o fortalecer esquemas de viabilidad financiera institucional. Esta decisión es urgente ante la desfinanciación estructural confirmada.