Comunidad de Yopal denuncia reclamo de privado sobre terreno de la PTAR Villa Lucía
Empresa Arrecifes Bienes Raíces SAS demanda $600 millones por ocupación de predio en comuna siete de Yopal
Una controversia legal amenaza el funcionamiento de la PTAR Villa Lucía en Yopal, Casanare, después de que una empresa privada reclamara la propiedad del terreno donde opera la planta de tratamiento de aguas residuales desde hace más de 15 años.
La situación se centra en una demanda presentada en 2021 por la compañía Arrecifes Bienes Raíces SAS contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, alegando que adquirió el predio en 2018 sin conocer la existencia de la infraestructura sanitaria.
Riesgo para 19 mil habitantes
Líderes comunitarios de la comuna siete expresaron su preocupación por las implicaciones ambientales que tendría un fallo adverso. La PTAR Villa Lucía presta servicio vital a barrios como Bosques de Sirivana, parte de Llano Vargas y sectores aledaños que albergan aproximadamente 19 mil personas.
«Si un juez ordena entregar el terreno al privado, enfrentaríamos una crisis ambiental grave. Esta planta soluciona el problema de aguas residuales que afectaba los caños de la vereda Tacarimena», explicó uno de los dirigentes comunales.
Compra a ciegas y demanda millonaria
Según la información aportada por los voceros comunitarios, la empresa demandante alega haber comprado el terreno en 2018 mediante la figura de «venta de bien ajeno» realizada a través de notaría, pero afirma que solo hasta 2021 realizó una inspección visual del predio.
La justificación para no visitar el terreno durante tres años fue la pandemia de 2020, aunque transcurrieron dos años previos (2018-2019) sin que verificaran su compra.
La indemnización solicitada inicialmente fue de $300 millones en 2021, cifra que según los cálculos actuales ascendería a $600 millones en 2026.
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Antecedentes de la infraestructura
La estación de bombeo y tratamiento fue diseñada en 2008 y construida entre 2009 y 2010, con una inversión aproximada de $8 mil millones. Su edificación respondió a denuncias de contaminación en caños cercanos por las descargas de aguas residuales de la comuna siete.
El terreno forma parte de un proyecto habitacional para 900 familias, en el cual la Gobernación de Casanare adquirió 10 hectáreas durante la administración de Helí Cala, entre 2005 y 2006.
Los recursos provinieron de los propios usuarios del servicio de alcantarillado, quienes mediante sus tarifas financiaron tanto la compra del terreno como la construcción de la infraestructura sanitaria.
Proceso judicial en etapa final
El 29 de enero de 2026 concluyeron los alegatos del proceso. Los voceros indicaron que jurídicamente la Empresa de Acueducto tiene 90% de probabilidades de ganar versus 10% de la parte demandante.
El 12 de febrero se presentarán los alegatos de conclusión, y se espera un fallo definitivo entre junio y septiembre de este año.
Llamado a las autoridades
Los líderes comunitarios denunciaron que esta no es una situación aislada. Mencionaron casos similares en Llano Vargas, la zona industrial y otros sectores de Yopal donde predios públicos están siendo reclamados por particulares.
«Aquí prima el interés general sobre el particular. La administración municipal debe escriturar las zonas verdes, parques y espacios públicos. Esta responsabilidad no puede quedar en manos de urbanizadores», señalaron.
La comunidad solicitó a la Fiscalía investigar estos casos que califican como aprovechamiento de vacíos jurídicos y falta de formalización de predios destinados a servicios públicos.
Por ahora, los habitantes de la comuna siete permanecen vigilantes del proceso judicial, conscientes de que el funcionamiento de la planta de tratamiento es esencial para la salud pública y el equilibrio ambiental del sector.
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