os gremios del sector minero-energético (Asociación Colombiana de Minería, Asociación Colombiana del Petróleo y Gas), en representación de las empresas del sector, como grandes contribuyentes del Estado colombiano, nos permitimos emitir la siguiente declaración pública, en el marco del debate de la Reforma tributaria y la próxima radicación de la ponencia en el Congreso de la República:
El sector minero-energético ya realiza aportes adicionales en épocas de precios altos de los commodities. De hecho, el sector minero-energético (minería e hidrocarburos) es uno de los grandes contribuyentes de la Nación, su aporte en 2022 se estima en 72,7 billones de pesos; y para 2023 este aporte alcanzaría los 90 billones de pesos, sin la entrada en vigencia de la reforma. Cabe señalar que, de estos recursos, una parte importante están ligados a obligaciones contractuales por precios altos del carbón y petróleo.
Advertimos sobre el riesgo que conlleva elevar aún más la carga tributaria para el sector minero-energético, y las consecuencias que esto tendría para atraer las inversiones que el país necesita actualmente, dado que Colombia tiene una de las mayores cargas tributarias de la región (la tercera en hidrocarburos y la más alta en minería) y la reforma tributaria implicaría un incremento del Government take de entre un 20% y 22%.
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La pérdida de inversión pone en riesgo la viabilidad de proyectos hidrocarburíferos y de minerales claves para la transición y la seguridad energética. En el caso de la industria del petróleo y gas, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50 y 70 mil barriles diarios, y por ende caería también el recaudo tributario (33 billones de pesos entre 2023 – 2032), generando un efecto contrario al propósito de la reforma.
La pérdida de inversión tendría repercusiones para las regiones con presencia del sector de hidrocarburos, pues los proyectos que sean inviables se traducen en pérdida de empleos (hasta 20.000 vacantes directas). Además, se vería afectada la contratación de bienes y servicios, rubro que para el 2021 ascendió a más de 29 billones de pesos en su mayoría en municipios mineros y petroleros. En ese mismo sentido, se afectarían nuevos recursos de inversión social y ambiental de las empresas que operan en estas zonas (en 2021 la inversión ascendió a más de 537 mil millones en municipios de incidencia minero-hidrocarburífera). Lo anterior evidencia que las decisiones que se adopten deben considerar la importancia de este sector en las dinámicas socioeconómicas de las regiones y sus comunidades.
Si bien hay un avance en la decisión de mantener las regalías deducibles de la base del Impuesto a la Renta (teniendo en cuenta que se trata de una decisión técnica, acorde con las normas contables, con la jurisprudencia y con las prácticas de los demás países mineros), es preciso anotar que la nueva propuesta del Gobierno reemplaza esta deducibilidad por la sobretasa en el impuesto a la renta de 5 puntos, lo que hace que aumente la carga tributaria del sector.
Insistimos en la necesidad de eliminar el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, el cual, además de ser antitécnico, castiga las exportaciones de un sector que representa el 56% de exportaciones totales del país, aumentando el riesgo de generar desequilibrio en la Balanza de Pagos de Colombia y sus implicaciones en el costo del dólar e inflación, las cuales impactan el bolsillo de todos los colombianos.
Los gremios del sector minero-energético hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional y al Congreso de la República a considerar ajustes frente a la sobretasa al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a las exportaciones, considerando su inconveniencia técnica, normativa y constitucional. Es decir, que la sobretasa que se plantee para el sector minero-energético esté acorde con la carga impositiva de la región, aplique a partir de precios altos y de manera escalonada, y se considere como un reemplazo a las propuestas de no deducir las regalías y de imponer un impuesto a las exportaciones, de manera que el sector pueda asegurar su viabilidad y, en consecuencia, pueda continuar aportando importantes recursos a las finanzas de la Nación y las regiones.
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