Fraude fiscal: red desmantelada en Casanare y Bogotá simuló operaciones por $843.000 millones
Capturadas seis personas que vendían facturas falsas a empresas del sector real
Autoridades colombianas desmantelaron una sofisticada red de fraude fiscal que operó durante una década creando sociedades fantasma para ayudar a empresas legales a evadir impuestos. La organización habría simulado transacciones comerciales inexistentes por más de $843.164 millones entre 2012 y 2022.
Operación de facturas fraudulentas
Seis personas fueron capturadas en operativos realizados en Bogotá y Casanare, acusadas de crear 185 empresas de papel sin capacidad operativa real. Estas compañías emitían facturas falsas que permitían a sus clientes del sector empresarial apropiarse indebidamente del IVA recaudado y disminuir artificialmente su base gravable en el impuesto de renta.
El perjuicio económico al Estado colombiano superaría los $155.000 millones de pesos, según determinó la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales.
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Los capturados cobraban comisiones que oscilaban entre el 1% y el 5% del valor total facturado de forma irregular. Las investigaciones revelaron que ninguna de las empresas involucradas contaba con proveedores nacionales, tampoco realizaban importaciones, lo que evidenciaba que no tenían productos ni servicios reales para comercializar.
La red funcionaba mediante coordinadores que articulaban la creación societaria y el manejo financiero, junto con intermediarios y representantes legales de las firmas ficticias.
Entre los capturados figuran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín. Se les imputaron los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.
Uno de los principales investigados, Jairo Bernal, habría administrado y legalizado recursos por más de $21.744 millones entre 2014 y 2025, movilizándolos a través del sistema financiero para darles apariencia de legalidad.
Medidas judiciales
Un juzgado penal con función de control de garantías ordenó medidas privativas de libertad para los seis procesados: cinco deberán cumplir detención domiciliaria y uno fue enviado a un centro carcelario. Adicionalmente, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas a la organización criminal.
La investigación fue desarrollada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, específicamente por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF) que permitió rastrear las operaciones comerciales simuladas.
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