Alumbrado público Paz de Ariporo enfrenta riesgo de $30.000 millones por omisión judicial

La Veeduría Ciudadana «Transparencia para un Alumbrado Público Digno» emitió una alerta pública de alto impacto para Paz de Ariporo, Casanare. La organización lo remitió a los Juzgados Primero y Quinto Administrativo de Yopal, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.

El pronunciamiento advierte un riesgo financiero y jurídico sin precedentes para el municipio. La veeduría señala que las decisiones del alcalde Camilo Abril Tarache sobre el alumbrado público Paz de Ariporo pueden derivar en indemnizaciones superiores a los $30.000.000.000. Esa cifra la pagarían los ciudadanos pazdeariporeños con sus propios impuestos.

El detonante: una sentencia que nadie apeló

El origen del pronunciamiento es el Oficio No. 301.15-107. Con ese documento, la administración de Camilo Abril Tarache informó que el municipio no apelaría la sentencia de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Yopal. Esa sentencia afecta directamente a la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo SAS.

Para la veeduría, esta omisión no es un error técnico. Tampoco es una decisión estratégica. Es una falta deliberada de protección al patrimonio público. En términos del derecho administrativo colombiano, la organización la califica como culpa grave o dolo.

La cláusula que obliga al municipio a pagar

La Escritura Pública No. 401 del 16 de mayo de 2023 formalizó la constitución de la empresa mixta. Ese documento incluye una cláusula de salvaguarda con consecuencias claras. Si el Acuerdo de Facultades No. 500.02-023 se deroga, suspende o anula por causas imputables al municipio, este deberá indemnizar al socio estratégico. El pago incluye daño emergente, lucro cesante y demás perjuicios, calculados sobre 20 años de ejecución contractual.

La veeduría estima que esas indemnizaciones superan los $30.000 millones de pesos. Ese sería un daño económico irreparable para las finanzas.

Seis alertas concretas sobre la crisis del alumbrado

La veeduría articula su denuncia en seis puntos. Cada uno describe una situación crítica. En conjunto, configuran un riesgo institucional severo para Paz de Ariporo.

Detrimento patrimonial. La posible liquidación de la empresa generaría indemnizaciones millonarias al socio estratégico. Los habitantes del municipio terminarían pagando esa deuda.

Falta de defensa judicial. El alcalde decidió no apelar la sentencia. La veeduría interpreta esa omisión como una violación al deber de proteger el patrimonio público. El artículo 88 de la Constitución Política obliga al Estado a proteger ese patrimonio.

Conflicto de interés. Abril Tarache integró el comité promotor del referendo que buscaba derogar el acuerdo de creación de la empresa. Hoy, como representante legal del municipio, decide no defenderlo en ese mismo asunto. La veeduría sostiene que actúa como juez y parte. La Procuraduría General de la Nación ya advirtió sobre su condición de impedido mediante oficio oficial.

Motivaciones personales. La organización afirma que la gestión del alcalde responde a un resentimiento político. Lo fundamenta en videos y declaraciones públicas del mandatario. La veeduría señala que Abril Tarache prioriza una vendetta personal contra la gestión de la exalcaldesa Escobar Bernal por encima del bienestar de más de 26.000 habitantes.

Le puede interesar: Accidente en Yopal cobra vida de motociclista en La Pedrera

Incumplimiento de pagos. La cláusula Décima Segunda de la escritura obliga al municipio a girar mensualmente el recaudo del impuesto de alumbrado a la cuenta fiduciaria. La administración no cumple esa obligación. Como consecuencia, la empresa ENERCA aplica cortes de energía en parques y equipamientos públicos. Esos cortes afectan los derechos fundamentales de las familias pazdeariporeñas.

Respaldo ciudadano ignorado. En noviembre de 2025 se realizó el referendo derogatorio del Acuerdo Municipal No. 500.02.023. De un potencial de 28.360 votantes, solo 1.850 sufragaron por el SÍ. La comunidad respaldó la continuidad de la empresa. El mandatario ignora ese mandato popular.

Un alcalde que fue promotor y hoy actúa como árbitro

El 6 de febrero de 2023, Jorge Camilo Abril Tarache presentó ante la Registraduría Nacional el formulario de inscripción del referendo derogatorio. En ese momento buscaba tumbar el acuerdo que creó la empresa mixta. El resultado electoral rechazó sus pretensiones de forma categórica.

Sin embargo, Abril Tarache no rectificó su postura al posesionarse como alcalde. Trasladó su oposición al escenario judicial. Lo hizo desde la silla del representante legal del municipio que, por ley, debe defender esa empresa. La Procuraduría ya documentó su condición de impedido para actuar en este proceso.

Calles iluminadas frente a una deuda millonaria

El socio estratégico ya cumplió sus obligaciones contractuales de inversión inicial. Parques, vías y espacios públicos de Paz de Ariporo funcionan hoy con tecnología LED. Ese resultado no se había visto en más de 20 años. Desmantelar esta infraestructura significaría un retroceso en el servicio y destruiría la confianza de los inversionistas privados en el municipio.

La veeduría también advierte sobre las consecuencias personales para los funcionarios. Si el municipio recibe una condena por no ejercer la defensa judicial, quienes tomaron esa decisión pueden enfrentar una Acción de Repetición. El artículo 90 de la Constitución Política establece esa responsabilidad para los servidores públicos que causan daños antijurídicos por acción u omisión.

La organización lanza un llamado urgente a la Procuraduría, la Contraloría y los jueces administrativos de Yopal. Les pide actuar con apego al derecho y con conciencia del impacto social de sus decisiones sobre los más de 26.000 habitantes del municipio.

La veeduría es directa: liquidar la empresa por razones políticas constituye una lesión enorme al patrimonio público de Paz de Ariporo. El pueblo ya se pronunció en las urnas. Ya tiene sus calles iluminadas. No debe pagar el costo de los conflictos personales de su mandatario.