Allanamientos ilegales contra líderes sociales alertan a comunidades de La Salina, Casanare

A las 5:00 de la mañana del 25 de marzo de 2026, miembros del Ejército Nacional, el Gaula militar y el CTI irrumpieron en tres veredas del municipio de La Salina, norte de Casanare. Actuaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, los operativos carecían de órdenes de allanamiento verificadas. El resultado fue inmediato: terror en los hogares y zozobra especialmente entre los menores de edad.

Quiénes son los tres líderes afectados

Margarita Ortiz preside la Asociación de Mujeres de La Salina – Asomulsa y participa activamente en la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Papayos. Por su parte, Freiman Vargas dirige la Junta de Acción Comunal de la vereda Rodrigoque y representa a las bases rurales del territorio. Además, Argemiro Valbuena ejerce como miembro del Concejo Municipal de La Salina, lo que otorga al caso una dimensión institucional de especial gravedad.

Los tres pertenecen a la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro – Asonalca. Juntos impulsan la constitución del Territorio Campesino Agroalimentario TECAM «Renacer Salinero Fortaleza del Casanare», un proceso de autonomía territorial orientado a recuperar tierras y preservar tradiciones agrícolas.

El TECAM no funciona como un simple proyecto productivo. En cambio, sus promotores lo definen como la respuesta organizada a décadas de injusticia en el norte de Casanare: concentración de tierras, desplazamiento forzado y abandono del Estado. Su apuesta central es construir un modelo de vida sostenible, autónomo y digno para familias campesinas de la región.

Por eso, la Fundación Joel Sierra advierte que los operativos del 25 de marzo no responden a procedimientos judiciales ordinarios. Más bien, forman parte de un patrón sistemático de estigmatización y perfilamiento contra quienes lideran procesos organizativos en La Salina.

Agresiones dentro de los hogares

Según los afectados, durante el operativo en la vivienda de Argemiro Valbuena, los uniformados agredieron verbal y psicológicamente a su esposa Alba. La encerraron en un cuarto y le profirieron insultos. Asimismo, causaron daños materiales en la propiedad. Estos hechos, de comprobarse, constituirían violaciones directas a derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución colombiana como en los tratados internacionales que el Estado ha ratificado.

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Tres exigencias concretas de la Fundación Joel Sierra

La organización, con sede en Saravena, Arauca, obtuvo en 2023 el reconocimiento como Mejor Colectivo u ONG Acompañante en el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Desde esa trayectoria, formuló tres demandas puntuales:

Primero, exige a la Defensoría del Pueblo que intervenga con urgencia y garantice la vida, la libertad y la integridad de los habitantes de La Salina.

Segundo, pide a las Fuerzas Militares y la Fiscalía General que detengan toda acción de estigmatización, persecución o judicialización contra líderes sociales del territorio.

Tercero, solicita a la Gobernación de Casanare, la Defensoría y la Personería Municipal activar las medidas del Decreto 660 de 2018, diseñado para prevenir violaciones y proteger a comunidades organizadas.

Finalmente, la Fundación Joel Sierra dirigió su mensaje hacia la comunidad nacional e internacional. El Estado colombiano tiene compromisos multilaterales en materia de derechos humanos y debe cumplirlos. Ningún proceso organizativo campesino merece ser criminalizado por reclamar sus derechos. La organización lo resume con claridad: su acción social es legal y legítima, una afirmación que cobra mayor peso en un país donde los líderes sociales siguen enfrentando amenazas constantes.