En un giro inesperado en la política local de Villanueva, Casanare, la concejal Nora Nelly Carranza Medina se encuentra en el ojo del huracán tras la admisión de una demanda de pérdida de investidura en su contra por el Tribunal Administrativo de Casanare. La acción legal, interpuesta por el Procurador 72 Judicial I Administrativo de Yopal, Wilson Mesa Cepeda, alega un grave conflicto de intereses que podría poner fin a su carrera política apenas iniciado su periodo 2024-2027.
El caso gira en torno a la aprobación del Acuerdo 001 del 2 de febrero de 2024, mediante el cual se asignó un presupuesto de 800 millones de pesos a la Corporación Festival Nacional de Colonias. La controversia surge del hecho de que Carranza Medina, además de su rol como concejal, ostenta el cargo de representante legal de dicha corporación, situación que, según el demandante, no fue debidamente declarada ante el Concejo Municipal.
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El Procurador Mesa Cepeda argumenta que la concejal incurrió en una clara violación ética al votar a favor de un acuerdo que beneficiaba directamente a una entidad bajo su dirección, sin informar previamente sobre esta incompatibilidad. Esta omisión podría constituir una falta grave a los deberes de transparencia y ética pública que se exigen a los funcionarios electos.
La admisión de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Casanare marca el inicio de un proceso judicial que se desarrollará bajo los parámetros establecidos en la Ley 1881 de 2018, la cual regula los procedimientos de pérdida de investidura. Tanto Carranza Medina como el Ministerio Público han sido notificados y contaron con un plazo de cinco días para presentar sus respuestas y evidencias en defensa de la concejal.
Este caso ha generado un intenso debate en Villanueva sobre la ética en la función pública y los mecanismos de control para prevenir conflictos de intereses. Mientras algunos sectores aplauden la acción de la Procuraduría como un paso necesario para garantizar la transparencia, otros cuestionan si se trata de una maniobra política para desestabilizar la administración local.
La comunidad de Villanueva se mantiene atenta al desarrollo de este proceso, que podría sentar un precedente importante en la región sobre la responsabilidad de los funcionarios electos en la declaración de sus intereses personales y profesionales.
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