De acuerdo con los reportes del Ministerio de Educación Nacional, 31 Entes Territoriales (de 96) no han contratado aún el Programa de Alimentación Escolar, señaló hoy la Contraloría General de la República.
De éstos, 26 Entes Territoriales comenzaron el calendario escolar sin garantizar la alimentación escolar de sus estudiantes, siendo críticos los casos de Cartagena, Sucre y Yopal, donde ni siquiera se ha reportado el inicio del proceso de contratación del servicio.
Esta situación afecta a cerca de 500.000 estudiantes que no están recibiendo el complemento alimentario, lo que pone en riesgo su permanencia en el sistema educativo, alertó la CGR.
Lo anterior pese a que, según manifiesta el Ministerio de Educación, desde octubre de 2019, los Entes Territoriales cuentan con los recursos de cofinanciación para la contratación del programa.
La Contraloría General de la República ya se encuentra en los sitios de mayor riesgo, donde ni siquiera se ha iniciado un proceso de contratación y los niños están empezando sus actividades escolares, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
Falta de oportunidad y de garantía en la operación del Programa
La Contraloría General de la República promovió en el año 2019, un ejercicio de control social al PAE, en el que se construyó un diagnóstico participativo sobre el Programa de Alimentación Escolar – PAE, junto a la ciudadanía, como actor vigilante de los dineros públicos, la gestión y los procesos de administración pública.
Este diagnóstico permitió identificar de manera conjunta con los distintos actores involucrados en el PAE, (gestores públicos, contratistas, beneficiarios) los problemas estructurales y sus causas, a la luz de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, con el fin de proponer rutas de acción concertadas, dirigidas a superar dichos problemas e incidir en la toma de decisiones para la efectiva ejecución del Programa.
La falta de oportunidad en la prestación del servicio de alimentación escolar respecto del calendario escolar, fue uno de los principales problemas evidenciados en el diagnóstico. Así como también la falta de garantía en la operación del programa durante los 180 días del año escolar de manera consecutiva, debido a factores como recursos insuficientes para garantizar la adecuada operación del programa, dificultades en la contratación del operador, entre otras, como la identificación de la cobertura efectiva del programa.
Cambio en la forma de medir la cobertura
Por esta razón, los expertos de la academia que consolidaron este diagnóstico, recomendaron al Ministerio y a los Entes Territoriales, cambiar la forma como se mide la cobertura, avanzando hacia un indicador de cobertura efectiva que mida tanto los niños cubiertos por el programa, como los días que efectivamente se les ha prestado este servicio.[1]
Hoy se mide así:
De acuerdo con el diagnóstico, esta forma de medir la cobertura pondera por igual al estudiante que se vio beneficiado los 180 días del año escolar que al que lo hizo 90 días o menos. Señala que si bien el Ministerio de Educación y los responsables del PAE han hecho importantes esfuerzos para que el servicio se preste desde el inicio de clases (pues de no ser así denotaría de arranque una menor cobertura efectiva), falta mucho más para que el servicio de alimentación escolar se preste durante todo el año escolar.
En este sentido la fórmula propuesta en el diagnóstico realizado por expertos y ciudadanía, fue la siguiente:
Mesas de trabajo en 14 departamentos
El Ministerio de Educación, acogiendo los resultados del diagnóstico, ha venido convocando mesas de trabajo para la construcción colectiva de propuestas y soluciones, en las que han venido participando los expertos de la academia, de la mano de este organismo de control.
Es por esto que la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participaron Ciudadana realizará a partir del mes de febrero, mesas de trabajo con los entes territoriales, ciudadanía y demás actores del programa, en 14 departamentos, comenzando por Bolívar, Sucre y Casanare, a fin de verificar las condiciones y afectaciones que se podría estar presentando a los estudiantes del país por la falta de contratación.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones fiscales que corresponda adelantar como resultado de la auditoría realizada al programa en 2019.
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana continuará en el 2020, acompañando a la ciudadanía y a la Red Nacional de Contralores Estudiantiles, en el ejercicio del control social al Programa para procurar su efectiva operación.
