Senadora cuestiona millonarios desembolsos del Estado por contratos viales desfavorables
Sonia Bernal destaca atraso de 50 años en infraestructura y respalda trabajo con comunidades
En un contundente pronunciamiento, la senadora Sonia Bernal ha puesto en tela de juicio los millonarios desembolsos que el Estado colombiano ha tenido que realizar para compensar los acuerdos jurídicos desfavorables en materia de infraestructura vial, firmados en gobiernos anteriores. Según sus palabras, el país enfrenta un atraso de más de 50 años en este crucial sector, y modelos económicos como las alianzas público-privadas están «desangrando los recursos del Estado».
La congresista respaldó las declaraciones de la viceministra de Transporte, María Constanza García, quien reveló que «por contratos de hace 8 años, el Estado ha pagado $4.1 billones por diferencia de recaudo en peajes». Esta cifra alarmante implica que los colombianos han tenido que cubrir de su propio bolsillo una «cantidad absurda de dinero» para compensar acuerdos desfavorables, en los cuales el Gobierno debe indemnizar a los concesionarios si el tráfico en los peajes no cumple con lo acordado.
Pero la situación no se detiene ahí. Según las proyecciones, para el próximo año se prevé un desembolso adicional de más de $3 billones de pesos, sumando un total de más de $7 billones destinados a beneficiar a particulares debido a fallas en los modelos contractuales. Ante esta realidad, la senadora Bernal se cuestiona: «¿Cuántas vías podrían haberse financiado con estos recursos?».
En su crítica, la congresista no solo pone de manifiesto el impacto económico de estas decisiones, sino también el atraso significativo que enfrenta el país en materia de infraestructura vial. Señaló enfáticamente que Colombia presenta un retraso de más de 50 años en este ámbito crucial para el desarrollo económico y social.
Frente a esta problemática, Bernal respalda la idea de trabajar de la mano con las organizaciones comunales, considerándolo un «camino que no se debe dudar». Esta postura sugiere la necesidad de explorar enfoques alternativos y más inclusivos para abordar los desafíos de infraestructura, involucrando a las comunidades locales en la toma de decisiones y la ejecución de proyectos.
Un llamado a la acción para reevaluar las políticas y modelos contractuales 0en el sector vial, a fin de evitar más desembolsos millonarios y desaprovechar recursos que podrían destinarse a la construcción y mantenimiento de infraestructura tan necesaria para el progreso del país.