Procuraduría advirtió que plazo de cuatro meses para formalizar empleos del sector público puede generar una parálisis del Estado
La Procuraduría General de la Nación envió una circular a los Ministerios en la que advirtió que el plazo de cuatro meses establecido para formalizar los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión resulta escaso, por lo que solicitó agotar las diversas instancias para ajustar las plantas de personal y evitar que la falta de funcionarios genere una parálisis del Estado en todos sus niveles.
En el documento, enviado también a las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, se instó a las autoridades públicas a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios requeridos para materializar el Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad 2023, en aras de garantizar el derecho al trabajo en condiciones dignas, y ateniéndose a lo dispuesto en diversos fallos proferidos por las Altas Cortes del país.
De igual manera, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social señaló que no se puede dejar a las entidades “sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía”, e indicó que los entes territoriales disponen de autonomía para adelantar los trámites en materia de plantas de personal.
El Ministerio Público pidió a los responsables de la administración cumplir con la obligación legal de avanzar en los trámites para la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los contratistas del Estado a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.
La Entidad resaltó la pertinencia de las observaciones y recomendaciones que a propósito del tema realizó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, dirigidas al secretario jurídico de la Presidencia, todas ellas encaminadas a la defensa del trabajo decente en el sector público.
Finalmente, la Procuraduría reiteró la necesidad de acabar con la precarización laboral, sin que eso implique causar un detrimento en los servicios profesionales y de apoyo que actualmente prestan miles de contratistas en los diferentes organismos de la Rama Ejecutiva del nivel central, descentralizado, nacional y territorial.
