Personería de Maní enfrenta presión de alcalde que exige «obediencia»
Fenalper rechaza subordinación institucional y defiende autonomía del Ministerio Público
El alcalde de Maní, Ferney Chaparro Perdomo, generó controversia. Acusó a la personera municipal ante la Procuraduría por supuestamente incumplir el «deber de obediencia». Esto desató un fuerte pronunciamiento de Fenalper en defensa de la autonomía institucional.
La Personería de Maní, dirigida por Yelmmy Alejandra Ramírez Rojas, se encuentra en el centro de un conflicto administrativo. Fenalper lo califica como hostigamiento político y acoso laboral promovido desde la alcaldía municipal.
Fenalper dejó en claro un punto fundamental. Las personerías son órganos constitucionales del Ministerio Público con independencia propia. No son dependencias municipales sometidas a voluntades políticas locales. Su mandato constitucional es vigilar la conducta oficial y proteger derechos humanos.
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El conflicto escaló cuando el mandatario local exigió la entrega del espacio físico donde opera la Personería de Maní. La Federación considera que esta presión constituye un intento de ejercer control político indebido. Las denuncias disciplinarias acompañan esta estrategia sobre un organismo que debe mantener su independencia.
Chaparro Perdomo respondió con un derecho de petición a Fenalper. Solicitó identificación completa de quienes redactaron el comunicado de respaldo. También exigió pruebas documentales del supuesto acoso. Pidió justificación de las acusaciones formuladas contra su administración.
El alcalde sostiene que desde 2022 ha solicitado reiteradamente el inmueble desocupado. Argumenta que debe destinarse a otras entidades o dependencias que lo requieren. Según su versión, la personera no ha presentado documentación legal que sustente su derecho sobre las instalaciones. También afirma que rechaza todas las negociaciones propuestas.
«No hay persecución institucional ni acoso laboral», explicó el mandatario. «Es una decisión administrativa basada en el uso racional de un bien municipal». Agregó que otras entidades lo han solicitado formalmente y sí lo necesitan.
Chaparro negó categóricamente haber vulnerado la dignidad o derechos fundamentales de la funcionaria. Insistió en que todas sus actuaciones cumplen el marco legal. Buscan el beneficio general de la población maniceña. Reiteró su compromiso con la transparencia y la gestión responsable.
Fenalper respondió con contundencia. Pretender subordinar una personería mediante acusaciones de «desobediencia» vulnera principios constitucionales fundamentales. «Atentar contra una Personería es atentar contra la voz institucional», advirtió la Federación. «Es atacar a quien defiende a la ciudadanía frente al abuso del poder».
La organización calificó el desalojo arbitrario como una flagrante violación del Estado Social de Derecho. Alertó que este caso refleja un patrón preocupante. El deterioro del respeto institucional en el nivel territorial es evidente.
«Defender a quienes protegen derechos fundamentales es un deber ético, jurídico y democrático», concluyó el pronunciamiento oficial de Fenalper. La independencia del Ministerio Público no puede ser cruzada por ninguna autoridad.
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