Paz de Ariporo: Tribunal ordena destitución de concejales por conflicto de intereses
El Concejo Municipal de Paz de Ariporo, Casanare, se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de polémicas decisiones que han llevado a la destitución de varios de sus miembros. El Tribunal Administrativo de Casanare ha ordenado la pérdida de investidura de dos concejales, José Antonio Naranjo Ortiz y Michael Andreis Castillo Jara, por no declararse impedidos en la aprobación de un controvertido acuerdo de beneficios tributarios.
El caso se originó cuando el alcalde Jorge Camilo Abril presentó un proyecto de acuerdo para otorgar beneficios tributarios temporales en el pago de intereses y sanciones. Sin embargo, la iniciativa fue cuestionada por favorecer solo al 10% de los contribuyentes, incluyendo a familiares directos de los concejales implicados.
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Julián Oswaldo Engativá Martínez, ciudadano que interpuso una de las demandas, señaló que el padre del concejal Naranjo Ortiz figuraba en la lista de deudores del impuesto predial unificado. Por su parte, la madre del concejal Castillo Jara también aparecía como beneficiaria del acuerdo.
El Tribunal consideró que ambos concejales debieron declararse impedidos para evitar el conflicto de intereses. En el caso de Castillo Jara, la situación se agravó al ser ponente y presidente del Concejo, lo que según el Ministerio Público, evidenció una actuación dolosa.
La tormenta política no termina ahí. Otros tres concejales activos – Willington Cruz, Emiliano Duarte y Henry Riaño – enfrentan audiencias por demandas similares de pérdida de investidura. Además, toda la mesa directiva está siendo investigada por presuntas irregularidades en la contratación de una abogada para representación judicial.
El Tribunal ha ordenado remitir copias de las decisiones al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, lo que podría tener implicaciones más amplias para la política local de Paz de Ariporo.
Esta crisis institucional pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y ética en la gestión pública local, así como la importancia de contar con mecanismos de control efectivos para prevenir conflictos de intereses en los órganos de gobierno municipales.
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