Liquidación de EPS dejaría sin atención a millones de colombianos
Gobernadores exigen plan de transición territorial antes de liquidar las aseguradoras en quiebra.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) reveló que las ocho EPS intervenidas acumulan una deuda de $10,6 billones con los hospitales públicos del país, cifra que podría convertirse en cartera irrecuperable si el Gobierno avanza sin un plan de contingencia claro.
Los datos del Sistema de Información Hospitalario (SIHO), con corte a diciembre de 2025, describen un escenario preocupante: en los procesos de liquidación registrados históricamente, entre el 99,1 % y el 99,3 % de la cartera que los hospitales tienen con una EPS liquidada termina siendo irrecuperable.
Aplicando esa tendencia al caso actual, si seis de las ocho EPS intervenidas son liquidadas conforme a la instrucción presidencial del 16 de marzo de 2026, los hospitales públicos podrían perder entre $3,6 y $4,5 billones. Eso representaría entre el 33 % y el 47 % de toda la cartera hospitalaria pública nacional.
No se trata únicamente de una pérdida contable. Para las Empresas Sociales del Estado en departamentos y municipios, esa cifra marca la diferencia entre sostenerse o cerrar servicios. Pacientes oncológicos, renales, cardiovasculares y con enfermedades huérfanas serían los primeros en sufrir interrupciones en diálisis, quimioterapia, medicamentos especializados y controles médicos.
El pasado 16 de marzo de 2026, el presidente de la República ordenó a los Ministerios de Salud y Hacienda proceder con la liquidación de todas las EPS en quiebra. La medida, anunciada sin un cronograma territorial visible, desencadenó la reacción inmediata de los gobernadores del país, agrupados en la FND.
La entidad advirtió que la orden carece de un plan de transición que garantice la continuidad del aseguramiento en cada departamento antes de que cualquier EPS cierre operaciones. En regiones como Nariño, Caquetá, Cauca, Huila, Córdoba, la Costa Caribe y los territorios de frontera, las EPS intervenidas son el único asegurador disponible para poblaciones rurales y dispersas. En esos lugares, liquidar sin alternativa equivale, en la práctica, a suspender el derecho a la salud.
«Lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial», advirtió Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta del Consejo Directivo de la FND.
Cortés Zambrano subrayó que los gobernadores reconocen la insostenibilidad financiera de muchas EPS, pero insistió en que transformar el sistema de salud de forma radical en el último año de Gobierno, sin plan técnico verificable y sin consultar a los territorios, pone en riesgo a los hospitales públicos que son la última red de atención para los colombianos más pobres.
La FND presentó ocho requerimientos formales para que cualquier proceso de liquidación de EPS sea técnicamente viable, legítimo y constitucional:
La primera exigencia es la convocatoria urgente de una mesa de coordinación nación-territorio, con participación de la FND, los Ministerios de Salud y Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y los secretarios de salud departamentales. Esa mesa debe producir un diagnóstico territorial y un plan de contingencia por departamento antes de cualquier acto administrativo de liquidación.
La segunda pide un mecanismo vinculante de protección de la cartera hospitalaria pública, evaluando propuestas como fondos de garantía y esquemas de insolvencia diferencial, tal como lo ha planteado la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.
La tercera exige que el Gobierno certifique, departamento por departamento, la existencia de un asegurador alternativo habilitado y con red suficiente antes de liquidar cualquier EPS.
La cuarta solicita que el anuncio presidencial sobre la asunción de la deuda de la Nueva EPS —que según el SIHO adeuda $6,04 billones a hospitales públicos— se formalice en un instrumento jurídico con montos, fuentes de financiación y cronograma de pago.
La quinta advierte que las declaraciones sobre Savia Salud y Capital Salud son jurídicamente imprecisas, pues ambas cuentan con socios privados cuya responsabilidad no puede trasladarse unilateralmente a los presupuestos departamentales.
La sexta pide que los procesos de liquidación se diseñen con gradualidad suficiente para que el Gobierno que inicia el 7 de agosto de 2026 pueda gestionarlos sin heredar hechos consumados irreversibles.
La séptima reclama transparencia sobre el modelo de acceso a medicamentos vía subasta inversa y giro directo a través de la ADRES, con criterios territoriales claros y garantías para hospitales en zonas rurales.
La octava demanda la garantía plena de la atención en salud integral de todos los colombianos, con la reorganización del sistema como eje central y el cumplimiento de la Constitución Política.
La FND no fijó un plazo explícito para recibir respuesta, pero dejó en claro que la salud no admite vacíos de transición. Para los pacientes crónicos y de alto costo, cada día sin medicamentos o sin atención especializada puede representar un deterioro irreversible. Los gobernadores esperan que el Gobierno convoque la mesa técnica antes de emitir cualquier acto administrativo de liquidación de EPS.
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