JEP revela nexos entre políticos, militares y paramilitares en Casanare y Arauca según testimonio de Otoniel
Fiscalía y Corte Suprema investigarán a 10 personajes públicos por presuntos vínculos con grupos armados ilegales
La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha destapado una extensa red de presuntas colaboraciones entre funcionarios públicos y grupos paramilitares en los departamentos de Casanare y Arauca, según testimonios recientes de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, recogidos en Estados Unidos.
Las declaraciones, obtenidas durante tres días de interrogatorios en abril de 2024, señalan particularmente a cuatro figuras políticas de Casanare: Helí Cala López, exgobernador encargado y exrepresentante a la Cámara; Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador; Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador; y Carlos Cárdenas Ortiz, también exsenador.
Los testimonios también implican a dos figuras del sector empresarial casanareño: Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura del departamento, y a funcionarios vinculados con la Universidad de Cartagena como Sergio Hernández Gamarra, exrector, y Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista. Según la JEP, estos individuos habrían participado en la apropiación de recursos públicos para financiar las actividades del Bloque Centauros en la región.
«Las investigaciones apuntan a delitos de lesa humanidad por concierto para delinquir agravado», señaló el tribunal, que ha remitido copias del expediente tanto a la Fiscalía General como a la Corte Suprema de Justicia para su investigación penal.
En el caso de Arauca, las declaraciones de ‘Otoniel’ señalan al exgobernador Julio Acosta Bernal, al Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, excomandante de la Brigada XVIII del Ejército, y al exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán Tafur, como presuntos facilitadores de la expansión paramilitar en ese departamento.
La JEP ha destacado que estas alianzas ilegales facilitaron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos en ambos departamentos. En el caso específico de Casanare, el Bloque Centauros habría consolidado su poder territorial gracias a estas presuntas colaboraciones institucionales.
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