Condenan a Juan Carlos Zubieta por la desaparición forzada de cinco campesinos en Monterrey, en 2003
El 16 de marzo de 2022, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare condenó al paramilitar Juan Carlos Alfonso Zubieta alias “Cuarto de Pollo” “El Enano” o “Miller” en primera instancia, en calidad de coautor, por el delito de desaparición forzada agravada de cinco jóvenes campesinos, quedando impune el delito de tortura contra las víctimas, al haberse decretado la prescripción de la acción penal.
Por estos mismos hechos, el 27 de septiembre de 2012 fue condenado el Comandante de Policía de Monterrey, Casanare, Sargento Segundo William Castillo Mosquera quien, de acuerdo con distintas pruebas obrantes en el proceso penal, así como testimonios y versiones de varias personas, aunado a las graves contradicciones en que incurrió, obró como agente determinador en la desaparición forzada de estas cinco personas. También la Procuraduría abrió pliego de cargos en contra de este policía.
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Los hechos se remontan el 15 de agosto de 2003, cuando los campesinos Luis Alfredo Castillo Castro de 28 años, Carlos Castillo Castro de 24 años, James Holguín Vargas de 42 años, Carlos Eduardo Suárez Carrillo de 55 años y Oscar Palomino de 18 años, partieron desde el municipio de Paratebueno rumbo a Trinidad, Casanare, en una combinada y un doble troque para desarrollar trabajos agrícolas por orden de su empleador, el señor Carlos González.
Esa noche se quedaron en Paratebueno, Cundinamarca, y madrugaron al día siguiente para llegar a su destino. Antes de llegar al municipio de Monterrey, Casanare, las víctimas se detuvieron en un restaurante para desayunar, y en ese lugar fueron interceptados por miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare -ACC-, que actuaron en connivencia con el agente Castillo. Allí fueron vistos los campesinos por última vez.
Según las versiones de los paramilitares, luego de retenidos los trabajadores, fueron conducidos hasta el puente del río Tacuyá y entregados al comandante paramilitar de esa zona, quien los retuvo alrededor de dos semanas. Durante este tiempo, las víctimas fueron torturadas y posteriormente asesinadas.
En los alegatos de conclusión la fiscalía refirió que los hechos:
“…tuvieron génesis dentro de la disputa territorial que tenían como protagonistas a las AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CASANARE en cabeza del señor HÉCTOR BUITRAGO RODRÍGUEZ alias el PATRÓN o BARRIGAS y las AUTODEFENSAS DE CORDOBA y URABA en cabeza de los hermanos FIDEL y VICENTE CASTAÑO, quienes a través de la violencia desmedida por medio de las armas, procuraban, unos mantener el dominio del territorio y los otros hacerse al mismo, vinculando en esta disputa a muchos inocentes ya que toda persona que se desplazara entre la ciudad de Villavicencio a El Yopal, era víctima del asedio por parte de quienes dominaban el territorio, tildándolos de ser integrantes de uno u otro bando, muchas veces basados en señalamientos a priori y otros fruto de las labores criminales de las mismas, lo que conllevó a una escalada de delitos en contra de muchas personas que no hacían parte de esa guerra”.
Aunque varios integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare han sido condenados por estos hechos y han revelado detalles sobre los mismos, hasta la fecha se desconoce el lugar donde puedan estar inhumadas las víctimas.
En la investigación penal a cargo de la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en julio de 2016, la fiscalía escuchó en diligencia de declaración al señor Wilmer Santiago Cutiva, integrante de las Autodefensas Campesinas del Casanare para la fecha de los hechos, quien afirmó que él junto a otros paramilitares se encontraban en un sitio donde otros miembros de la organización armada les llevaban a varias víctimas para asesinar. Con relación a los hechos de Monterrey, indicó que recibieron a las víctimas, las tuvieron por un lapso de dos o tres días y luego las ejecutaron con arma blanca por orden de HK. Los cuerpos fueron enterrados en una sola fosa.
Al confesar estos hechos, la Fiscalía lo vinculó al proceso mediante indagatoria y ante el interés de acogerse a sentencia anticipada, el despacho efectuó acta de formulación de cargos.
Además de la aceptación de su responsabilidad, el señor Cutiva, también conocido como Alias “Tolima”, expresó su deseo de colaborar y entregar los cuerpos de las víctimas desaparecidas, indicando que se encontraban en inmediaciones de Tauramena, Casanare, y las víctimas solicitaron a la Fiscalía adelantar las labores pertinentes para realizar la diligencia de prospección y exhumación en el lugar indicado, pese a lo cual los cuerpos no fueron hallados.
El caso de estos cinco campesinos hace parte del flagelo de la desaparición forzada en el departamento del Casanare considerado uno de los departamentos más afectados con esta problemática de la desaparición forzada. Entre el año 2000 y 2003 el Departamento del Casanare se vio azotado por cientos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias perpetrados por el grupo Paramilitar autodenominado Autodefensas Campesinas del Casanare. Decenas de campesinos, agricultores, trabajadores, y habitantes de pueblos – hombres y mujeres – fueron sacados de sus casas, interceptados en los caminos o citados a comparecer ante los comandantes de esos grupos, en sus campamentos de donde no han regresado.
Según cifras de la Red Nacional de Información -RNI- de la Unidad para las Víctimas, ha dejado 4.129 víctimas entre 1985 y 2019. Yopal es el municipio con más las mayores cifras con 843 casos, seguido de Aguazul, 781 casos, Monterrey, 493 casos, y Villanueva, 454 casos.
Por todo lo anterior las víctimas y su representación a cargo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar- saludamos este avance judicial y solicitamos al Estado colombiano adoptar todas las medidas necesarias para encontrar a los jóvenes desaparecidos, realizar todas las actividades tendientes a garantizar la captura del paramilitar Luis Alfonso Zubieta quién se encuentra gozando del beneficio de la libertad, así como dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos e incorporar los estándares internacionales para la búsqueda de sus familias y la debilidad diligencia en las actuaciones.
Fotografía tomada de :verdadabierta.com
